El blog de Varinia

8 DE MARZO: UNAS GAFAS VIOLETAS PARA HACER VISIBLE LO INVISBLE

2011-03-09T17:13:00.002+01:00

Es 8 de marzo, día de celebración para nosotras, las mujeres que luchamos denunciando las injusticias que genera este sistema, que asumimos el compromiso cotidiano de construir ese otro mundo posible, más humano, más equitativo y más solidario.
Desde el PCE apostamos por una lucha colectiva que nos permita construir una auténtica democracia participativa y republicana. Y en ese camino planteamos la necesidad de conseguir la máxima unidad social y política en torno a algunos elementos básicos, una serie de reivindicaciones y propuestas que generen una Alternativa Social Anticapitalista a la crisis (ASA).

Reivindicamos:
• Pleno Empleo, para lo que es fundamental la apuesta por el empleo público.
• Universalización de los derechos sociales exigibles por ley
• Desarrollo de los servicios públicos
• Banca pública
• Participación de los trabajadores/as en la planificación de la economía y en el control de las empresas.
• Reforma fiscal que busque dinero para financiar la salida social de la crisis y lo busque donde realmente está, en manos de la Banca y de los grandes capitales, que persiga el fraude fiscal y la economía sumergida
• Apuesta por la defensa de un modelo de desarrollo sustentado en la sostenibilidad ambiental que parta del cambio de la política energética
• Reformas legales para frenar la corrupción, acabar con los paraísos fiscales y regenerar la vida política y empresarial.

Nuestro objetivo con este artículo es invitar, en este día tan nuestro, a releer nuestra ASA, desde un enfoque feminista. Poner en el centro del discurso (y no en la periferia, ni en el discurso de esas otras, nosotras, las mujeres) algunas urgencias feministas que cualquier proyecto de transformación social real no puede olvidar (si no quiere dejar de lado la grave injusticia que sufre el 50% de la población en una sociedad patriarcal).
Comenzaremos diciendo que todas y cada una de las medidas que propone el ASA, contribuyen al cumplimiento de nuestros objetivos de liberación feminista. Pero es necesario ponerse las gafas violetas para entender por qué, y en qué dirección deberían caminar esas propuestas. (Nos hemos basado en las propuestas de la Economía Feminista, y en concreto para este análisis en artículos de Cristina Carrasco y Amaia Pérez Orozco).
PLENO EMPLEO
Empleo universal, sí claro. Igualdad de oportunidades para acceder al mismo, ¡cómo no! Estos días la prensa y los telediarios nos recordarán como las mujeres, en los mismos puestos cobramos menos, necesitamos estudiar más, accedemos a trabajos precarizados, en peores condiciones… El acceso a un trabajo remunerado abre vías en la independencia de las mujeres y en la capacidad de decisión frente a nuestras vidas. Y será siempre nuestra reivindicación que podamos hacerlo en condiciones de igualdad.
Pero es necesario profundizar en el concepto de trabajo.
¿Todo el trabajo que se realiza en una sociedad para la satisfacción de las necesidades de las personas es remunerado? La respuesta es clara: no.
Las tareas de cuidado y sostenimiento de la vida (cuidar niñ@s, mayores, limpiar, comprar, sostener social y emocionalmente a las personas…). Por todas estas tareas no se cobra, se realizan en el seno de los hogares, y fundamentalmente son mujeres las que las desempeñan.
¿Cuánto tiempo se requiere para realizar este tipo de actividades? Mucho.
Más del que parece. Está invisibilizado.
Algunos datos:
-Más de dos tercios del tiempo del trabajo se realiza fuera del mercado, es trabajo no remunerado, cuya mayor parte realizan las mujeres, las mujeres trabajan en conjunto -trabajo remunerado y no remunerado- cerca del 50 por ciento más que los hombres.
- El montante de trabajos de cuidados no remunerados que reciben, anualmente, niños/as y otras personas adultas en el estado español, equivaldría, en número de empleos a tiempo completo, a 11,4 millones. De esas horas, el 81,1 por ciento son realizadas por mujeres. (Durán, M.A., 2001). Gran parte de esas mujeres, además, trabajan en un empleo remunerado.
Estas cifras dan que pensar. Sobre todo animan a cambiar el prisma. Una gran parte de las tareas necesarias para el sostenimiento de la vida no son remuneradas. ¿Pero no son importantes? ….. Incluso… ¿De las más importantes?
El capitalismo, y nuestra forma de desarrollo y de vida occidental, lejos de organizar la sociedad pensando en el cuidado, lo hace cada vez más difícil, una tarea más individual, privatizada y urbana en la que las redes sociales extensas desaparecen y dificultan la responsabilidad comunitaria en su desempeño.
No se nos debe olvidar, que antes de esta crisis financiera, que tanta alarma genera en los “mercados”, existía ya a nivel planetario una grave crisis económica, ambiental, alimentaria y de cuidados. Esta nueva situación sólo hace más visibles las contradicciones que se dan en el sistema entre el capital y la vida.
De estas ideas, sólo esbozadas, podemos sacar dos reivindicaciones claras cuando exijamos pleno empleo:
-Reparto del trabajo, del remunerado, y del no remunerado. Y exigir, en las políticas de generación de empleo, que vayan encaminadas a cubrir la satisfacción de las necesidades de las personas; no a la alimentación de las ganancias del capital.
-Para hacer efectivo el reparto del trabajo (recordemos, remunerado y no remunerado) disminución de la jornada laboral con igual salario.

DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Si entendemos que los cuidados son una parte fundamental de la vida, esto debería llevarnos a considerarlo como una responsabilidad en la que debe implicarse toda la sociedad (tanto las Administraciones Públicas como el mercado, es decir, las empresas). Más bien parece que actualmente la tendencia esta siendo todo lo contrario. La reciente Ley de Dependencia recogía los cuidados como un derecho fundamental de las personas, no obstante, nunca ningún derecho ha nacido tan privatizado como este. Los cuidados pasan a realizarse con un abuso escandaloso de la mano de obra femenina, no pagada o mal pagada: se priman las reducciones de jornada y excedencias, que sacan a las mujeres del mercado laboral y por tanto del trabajo remunerado, se asigna una “paguilla” de 300 € por el cuidado de una persona 24 horas al día. Los servicios realizados en el ámbito de lo público están más privatizados que nunca, además las personas que se emplean en estos trabajos son mayoritariamente mujeres y las condiciones laborales son tremendamente precarias. Por último no podemos dejar de mencionar el vergonzoso Régimen Especial de las Empleadas del Hogar, que condena a dichas trabajadoras a unas condiciones de trabajo miserables.
Por lo tanto, lejos de asumir desde la sociedad en su conjunto los cuidados, nos encontramos ante una reprivatización de los mismos en dos direcciones: Primera, encadenándolos de nuevo a la privacidad de los hogares, y dentro de ahí, a las mujeres. Segunda, realizándolos desde empresas con ánimo de lucro, primando así el beneficio económico a la sostenibilidad de la vida.

REFORMA FISCAL
Si asumimos que los cuidados son suficientemente importantes como para plantearnos una responsabilidad de la sociedad en los mismos, no pueden quedar fuera de este ámbito el mercado, es decir, las empresas.
Las empresas no solo se benefician de las plusvalías que generan las personas trabajadoras, sino también de sus cuidados. Para que una persona ingrese en el mercado de trabajo remunerado, han sido necesarios una serie de cuidados desde su nacimiento hasta su muerte. Para la puesta a punto de lo que ellos llaman “capital humano”, hacen falta cubrir todos los días una seria de necesidades y en muchos casos las mujeres juegan un papel fundamental. Si esto es así ¿porqué no plantear una tasa que responsabilice a las empresas en la tarea del mantenimiento de la vida? No es necesario crear una tasa como tal, bastaría con una reforma fiscal más progresiva, que grave las rentas del capital y que permita usar esa recaudación en el mantenimiento de la vida. Ni que decir tiene que la tendencia actual, agravada por la crisis económica, ha sido toda lo contrario: sucesivas reformas fiscales se han encargado de reducir enormemente impuestos, uno de los más afectados, el de sociedades. También las últimas medidas del Gobierno han ido en la línea de rebajar, incluso eliminar, las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas.

APUESTA POR LA DEFENSA DE UN MODELO SUSTENTADO EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL QUE PARTA DEL CAMBIO DE POLÍTICA ENERGÉTICA
¿Qué modelo de desarrollo queremos? ¿Qué necesitamos para vivir? Nos encontramos aquí con un desafío importante. La planificación económica actual está basada en la acumulación de capital, no en la satisfacción de necesidades humanas. Y es aquí donde lo ambiental se conecta con lo humano.
Necesitamos un modelo de desarrollo que no sólo ponga en el centro a las personas, sino que las sitúe dentro de un sistema más amplio, nuestro planeta. Y es más, operamos con un modelo de desarrollo exponencial e infinito, en una naturaleza con recursos limitados.
El cambio de modelo no es utópico. Es sencillamente imprescindible. Poner en el centro el planeta, la vida y las personas nos obliga a replantearnos completamente la organización del sistema capitalista y patriarcal.
No todos los trabajos son necesarios, incluso algunos son indeseables. No sólo es claramente injusto que un ejecutivo de una empresa armamentística cobre muchísimo más que una persona que asume la atención y el cuidado de un enfermo de alzhéimer. Es que no necesitamos más armas.
Es necesario apostar por políticas de desarrollo sostenible, con el planeta y con las personas. Y no olvidar que actualmente, la sostenibilidad de la vida, el cuidado de las personas, está injustamente repartido, y sostenido por redes de mujeres invisibilizadas.
Trabajemos (sin remunerar, no nos queda otra) por visibilizar estas redes, por dar valor al esfuerzo cotidiano que realizan las mujeres que sí tienen claro, (porque el patriarcado ha puesto esa dura carga a sus espaldas), que la vida, es lo más importante.

Irina Martínez/Beatriz Alonso
(Responsables de Mujer de las agrupaciones del PCE de Carabanchel/Leganés)

Para más información:
“Feminismo anticapitalista, esa Escandalosa Cosa y otros palabros”
Amaia Pérez Orozco. Rebelión 21/04/2010
http://rebelion.org/noticia.php?id=104450
“La paradoja del cuidado: necesario pero invisible”.
Carrasco, C. (2006), Revista de economía critica n º 5

UN ANÁLISIS FEMINISTA DE LA REFORMA DE LAS PENSIONES

2011-02-01T17:06:00.003+01:00

Recientemente se ha publicado el “Manifiesto por la Igualdad de Género en la Reforma de las Pensiones” (http://www.forumpoliticafeminista.org/), el cual recoge las ideas que el Feminismo ha puesto de manifiesto sobre las discriminaciones que existen en el acceso de las mujeres a las pensiones, especialmente las contributivas, a pesar de la aparente neutralidad de las mismas.

El actual sistema de pensiones se diseñó durante la dictadura franquista. En este periodo no cabía otro modelo de familia, ni de sociedad, que no fuese aquella en que el hombre se ganaba el sustento trabajando fuera de casa, es decir, cotizando, mientras que la mujer era la responsable del cuidado del hogar, la descendencia y las personas dependientes. Dado que estas actividades no cotizaban, ésta, y los/as hijas/os, eran beneficiarios derivados de las cotizaciones del marido. La nueva democracia jamás discutió, como en tantas otras cosas, este modelo. Solo en los últimos años se han añadido pequeños parches (complemento de cotización por partos, reducción de jornada o excedencia), pero jamás han cuestionado la división sexual del trabajo que impera en la sociedad.

En general, el acuerdo sobre la reforma de las pensiones supone, además del aumento de la edad de jubilación, una penalización a las personas con menos años cotizados, dificultando el acceso a las pensiones contributivas, reduciendo la cuantía de éstas y aumentando el famoso periodo de cómputo. Además se imponen otras medidas como la eliminación de los complementos a mínimos en determinados casos y rebajar el complemento de las lagunas de cotización (antes era con la Base mínima, ahora después de 24 meses será el 50% de ésta)
Todo esto va a perjudicar claramente a las mujeres, tal y como se ha dejado constancia en el Manifiesto anteriormente citado.
Por primera vez, el Pacto de Toledo refleja este problema en las conclusiones aprobadas y reconoce que las medidas planteadas serán mucho más perjudiciales para las mujeres. Para ello proponen algunas soluciones: la posibilidad de aumentar su jubilación antes de los 67 años 9 meses por cada hijo/a si han interrumpido su vida laboral por su nacimiento o adopción. También se aumenta el complemento del periodo cotizado en caso de excedencia por cuidado de hijos hasta tres años. A esto hay que sumarle otras medidas ya existentes que van en la misma línea, como son los complementos en caso de reducción de jornada por cuidado de un/a menor o los 112 días por cada parto.
Estas medidas, además de suponer un parche, no van a solucionar el verdadero problema y además continúan perpetuando el rol de cuidadoras asignado socialmente.
Primero, porque el problema de las mujeres no viene dado exclusivamente por la mayor solicitud de excedencias por cuidado de menores o reducciones de jornada. Aun en medio de una crisis que ha afectado principalmente al empleo masculino, las mujeres seguimos estando ligeramente por encima en la tasa de paro (para el último trimestre de 2010 para los hombre era de 19,95% y para las mujeres de 20,79%). Al cotizar menos cobramos menos prestaciones contributivas de desempleo y más asistenciales (las que no cotizan). También las mujeres tenemos los salarios más bajos y por tanto menores bases de cotización. Además participamos en mucha mayor medida en la economía sumergida. Los complementos para las personas que solicitan reducción de jornada dejan fuera a las personas que comienzan su relación laboral con un contrato a tiempo parcial. Según datos del Ministerio de Trabajo, el 63,33 % de los contratos parcial en el primer semestre de 2010 eran firmados por mujeres. De acuerdo con la EPA, el porcentaje de mujeres que ha elegido este tipo de jornada por atender cuidados de personas dependientes u otras obligaciones familiares, es de un 29,9% frente a un 3% de los hombres. Como contradicción a esto tenemos que en el Acuerdo sobre políticas de empleo que se va a aprobar junto con la Reforma de las pensiones esta hablando de reducir las cuotas a la Seguridad Social de las empresas que firmen este tipo de contratos. Es decir, mientras se endurece el acceso a la jubilación a las personas que tengan menos tiempo cotizado se fomentan los contratos que menos cotizan, por el que además los empresarios no tendrán que pagar un duro a la Seguridad Social.
Además de todo esto, y como explicábamos al principio, las medidas actuales siguen favoreciendo el rol de cuidadora de las mujeres, el mismo papel que nos asignaba el franquismo.

Se plantea también la posibilidad de mejorar estas condiciones para trabajos especialmente penosos, tóxicos o peligrosos. A espera de la aprobación del catálogo de dichas profesiones, nos tenemos que perpetúe conceptos patriarcales en los que solo se consideran este tipo de trabajos a la profesiones más masculinizadas, olvidándose de las difíciles condiciones de trabajo que también sufren cuidadoras, limpiadoras o empleadas de ayuda a domicilio, por poner algunos ejemplos.

No nos engañemos, detrás de esta Reforma (el propio Gobierno lo ha admitido) se encuentra la intención de favorecer los planes privados de pensiones, de los cuales la mayor beneficiaria es la banca. Teniendo en cuenta las características del trabajo femenino, nosotras, que sufrimos más el desempleo, la economía sumergida y los bajos salarios, tendremos probablemente menos capacidad de ahorro y menos posibilidad de contratar por tanto esto productos financieros. La feminización de la pobreza no es un problema exclusivo de los países menos desarrollados, es una característica actual también de las sociedades del llamado “Primer Mundo”.

Por último vuelve a posponerse la integración del Régimen Especial de Empleadas de Hogar al Régimen General, que según el documento publicado se abordará en trámite parlamentario, estaremos a la espera.

El “Manifiesto por la Igualdad de Género en la Reforma de las Pensiones” antes citado hace referencia a una serie de medidas que pueden suponer la mejora y equidad del sistema de pensiones, pero no olvidemos que las soluciones deben pasar por un cambio social que iguale las funciones atribuidas a hombres y a mujeres, que dignifique los cuidados y haga partícipe de los mismos no solo a los hombres sino también a la sociedad entera, a través de políticas públicas que asuman dicha actividad considerándola como una más dentro de la producción.

Contestación a Jesús Gómez (PP Leganés)

2010-10-10T20:02:00.002+02:00

Ante las declaraciones aparecidas en el diario "Ahora Leganés", de Jesús Gómez, presidente del PP de Leganés y candidato a Alcalde, http://www.ahoraleganes.com/int.asp?id=475&sec=Local, esta es la contestación de la Agrupación de Leganés:
La agrupación del PCE de Leganés quiere manifestar su más absoluto rechazo a las opiniones expresadas por el Sr. Gómez, presidente del PP de Leganés y candidato a Alcalde en la revista “La ilustración liberal”. En ellas el Sr. Gómez afirma que “habría que desposeer a los padres comunistas de la tutela de sus hijos, por pertenecer a la secta más criminal que la Historia jamás haya visto”. Nos gustaría recordarle al líder del PP que no es el primero en sugerir tan brillante y democrática idea. Durante la Alemania nazi miles de comunistas fueron enviados a “campos de reeducación”, que no eran otra cosa que campos de exterminio. También miles de comunistas en España sufrieron bajo el régimen fascista de Franco persecución, cárcel y muerte.
El Sr. Gómez parece ignorar importantes episodios de nuestra Historia más reciente. No nos parece muy adecuado definir a los comunistas como “la secta más criminal de la Historia” cuando, si alguien luchó contra la dictadura fascista en este país, fue el Partido Comunista de España. Esto costó años de cárcel y condenas a muerte. Resulta difícil calificar como criminales a poetas como Miguel Hernández, un reconocido comunista, Saramago, Premio Nobel de Literatura, o Marcos Ana, que tras años de prisión y tortura en las cárceles franquista ha sido reconocido con varios premios internacionales por el fomento de la paz y la convivencia.
No está de más recordar que mientras estos “criminales” peleaban por las libertades y la Justicia en nuestro país, destacados miembros de su partido, el PP, firmaban sentencias de muerte contra comunistas y ordenaban actos de brutal represión contra pacíficas protestas antifranquistas. Todo esto nos hace sospechar que no somos nosotros precisamente los que merecemos el epíteto de criminales.
Nos parece inadmisible que el Partido Popular, que se define como democrático, admita a sus dirigentes expresar públicamente tamañas barbaridades. Lejos de desautorizar estas declaraciones, el propio PP ha manifestado en un Pleno que suscribía el 99,9% de las manifestaciones de éste, lo cual lo convierte en cómplice activo del peligroso acercamiento al fascismo por parte de su militancia.
Dado que el Sr. Gómez ya ha manifestado públicamente que no rectificará sus declaraciones y que se reafirma en ellas, desde la Agrupación del PCE de Leganés no descartamos tomar las medidas legales que consideremos oportunas para combatir estas
difamaciones y seguir defendiendo, como hemos hecho hasta ahora, la
libertad y la democracia plena.

Orgullo es protesta ¿A quién le molesta?

2010-07-05T12:36:00.003+02:00

Es uno de los reclamos turístico de Madrid en Julio, la fiesta del “Orgullo Gay”. El Ayuntamiento no colabora en la organización del desfile, que sigue en manos de unos pocos voluntarios/as, pero eso si, en su página web hay un elenco de sitios donde pueden gastarse el dinero los/as LGTBI que acudan este fin de semana a semejante evento. Tampoco dejan escapar la ocasión las empresas y franquicias, y es que el orgullo gay vende, y mucho.
Madrid se convierte en un escaparate de cuerpos, plumas y maquillajes. Los LGTBI han pasado de ser considerados enfermos y proscritos a ser un espectáculos, y muchos/as han salido del armario para convertirse en el mono de feria de un sistema que aprovecha cualquier reivindicación para acabar haciendo su negocio particular. No es cierto que la derecha no apoye al colectivo LGTBI, lo hace de la única forma que sabe, convirtiéndolos en un espectáculo frívolo pero eso si, muy rentable.
En los años ochenta se hizo famosa una imagen publicitaria de un jabón de ducha con una mujer desnuda bocabajo, con el lema “toda tú eres un culito”, alguien, muy sabiamente, pintó debajo “somos mujeres, no culos”. Algo así ha pasado en los últimos años de la fiesta del Orgullo. Los/as LGTBI siguen sufriendo discriminaciones legales y sociales, pero no importa, el día del orgullo “todo tú eres un culito”. Los problemas que venía denunciando el Feminismo se han trasladado con mucha facilidad a los LGTBI: cosificación de los cuerpos, cánones de belleza inalcanzables y estereotipos de gays frívolos muy preocupados por su imagen.
Por supuesto los medios de comunicación de encargan de mostrar la imagen más superficial del Orgullo. Probablemente no veremos en ningún medio el cortejo de Izquierda Unida, que este año ha hecho un esfuerzo especial por darle un carácter más reivindicativo al Orgullo. Su lema lo dejaba claro “Transformando el Orgullo, transformando el sistema”, y también sus consignas “TransMariBiBolleras, también son clase obrera”. Pretendemos así alejarnos de la imagen estereotipada de gay, hombre, de buena posición social, que gasta un gran parte de su tiempo y dinero cultivando su cuerpo en un gimnasio.
En un Orgullo con cada vez menos contenido reivindicativo, seguimos haciéndonos la pregunta que cantábamos ayer en nuestro cortejo “Orgullo es protesta ¿A quién le molesta?”.

SOBRE LA PROPUESTA DE REFORMA LABORAL

2010-05-05T18:48:00.003+02:00

Algunas opiniones sobre la reforma laboral planteada por el Gobierno:

1) CORREGIR LA TEMPORALIDAD DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

Plantea el Gobierno acertadamente que uno de los grandes problemas de nuestro mercado laboral es la dualidad entre trabajadores fijos y temporales. La legislación actual permite la contratación temporal solo cuando existan causas que lo justifiquen. Lo primero que hay que decir es que la mayoría de los contratos temporales de este país se realizan en fraude de ley. Por lo tanto el primer aspecto en el que deberíamos incidir es en hacer cumplir la Ley. Cuando bonificamos la contratación indefinida lo que estamos premiando es el cumplimento de la Ley. Es como si la DGT en vez de poner multa a las personas que sobrepasen los límites de velocidad, pagase un plus a los que nunca los sobrepasan. El único problema de este planteamiento es que premiar económicamente el cumplimiento de la Ley, en nuestro ordenamiento jurídico, se hace, principalmente, cuando se refiere a los empresarios.
El incumplimiento de la exigencia de causalidad se debe fundamentalmente a la falta de controles de la administración pública. No existe control del INEM cuando se registran los contratos, lo cual ya supondría un límite ya que hay muchos contratos de obra hacen referencia a cuestiones genéricas o relativas a la actividad propia de la empresa. Tampoco se han cumplido los acuerdos de incrementar la plantilla de Inspectores y Subinspectores de Trabajo. Se alega la crisis, pero no se tiene en cuenta por parte del Estado el aumento que supondría detectar el gran volumen de economía sumergida.

Establecer, como plantea el Gobierno, unos plazos máximos de duración del contrato de obra no hace sino descausalizar el mismo, lo que supone admitir su derrota (o pasividad) en el cumplimiento efectivo de la Ley.
Tampoco es una solución el hecho de desvincular en contrato de obra a la subcontratación empresarial. En primer lugar, porque sería necesario una regulación legal que restrinja la cesión de trabajadores, una cuestión que la Ley apenas aborda y que la jurisprudencia ha terminado de desregular considerando en muy pocos supuestos la existencia de cesión ilegal. Por otra parte, si lo que se quiere es garantizar la permanencia de los trabajadores empleados en subcontratas, sería interesante generalizar la figura de la subrogación a todos los sectores, un derecho que ahora solo se reconoce por negociación colectiva. De esta forma garantizamos que mientras se mantenga la obra, la realice la empresa que la realice, tienen que seguir empleados esos trabajadores. La propuesta del Gobierno de que el fin de obra suponga un despido objetivo (20 días por año) no hace sino abaratar una vez más los costes de los despidos. Mientras esos trabajos se sigan realizando, el despido debe ser improcedente.

FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA

Pasamos a la cara B de la temporalidad, premiar a los empresarios que se portan bien y cumplen con la Ley. El Gobierno se ha entregado en este punto a las propuestas de la patronal, que plantean que no hacen contratos indefinidos porque el despido es muy caro. La propuesta del Gobierno pasa por ampliar el uso del contrato de fomento del empleo. Actualmente este contrato se puede emplear para:
- jóvenes desde 16 a 30 años
- mujeres desempleadas para ocupaciones con menor índice de empleo femenino
- mayores de 45 años
- parados de larga duración (más de 6 meses)
- personas con discapacidad
- trabajadores con contrato temporal celebrados antes del 31-12-2007

Este tipo de contrato abarata el despido para el siguiente supuesto: cuando la empresa aplique un despido objetivo (20 días por año por causas económicas o de organización) que posteriormente se demande y el juez lo considere improcedente, tendrá una indemnización de 33 días en vez de los 45 que marca el Estatuto para este tipo de despido.
La propuesta del Gobierno es, por un lado, ampliar el uso de este contrato a otros colectivos: Primero, para la transformación de contratos temporales sin límites en el tiempo, osea, cualquier contrato temporal que pase después a indefinido ya tendrá un despido más barato. Segundo, trabajadores fuertemente afectados por el desempleo, es decir, para trabajadores más desprotegidos, contratos más precarios.
Además propone generalizar la indemnización de 33 días por año, no solo para los despidos considerados en un primer momento objetivos, también para los improcedentes.
MODELO AUSTRIACO
Hace mención el Gobierno a la adaptación de otros modelos que se están aplicando en Europa, en concreto el modelo austríaco, para fomentar la contratación indefinida. Volvemos al discurso sobre la necesidad de abaratar el despido para fomentar la contratación indefinida. Veamos en que consiste: La reforma fue introducida por el Gobierno de derechas austriaco en 2003, con el objetivo de flexibilizar el mercado laboral. En este modelo la “indemnización” (que ya pierde esta naturaleza) es una cantidad, en Austria establecida en un 1,53% del salario bruto, que la empresa va aportando como un fondo para el trabajador. Este trabajador mantiene la cantidad si cambia de trabajo. El trabajador puede acceder de inmediato a su fondo si es despedido, pero tendrá que esperar cinco años para disponer de él en caso de ser una baja voluntaria. El fondo lo gestionan las cajas de ahorro.
Sobre este modelo cabe decir en primer lugar que supone un abaratamiento del despido: un trabajador que gane 2.000 euros mensuales lograría 27.496 euros tras 30 años de trabajo , con el sistema español actual la indemnización ascendería a 84.000 € en caso de despido improcedente (con el tope de las 42 mensualidades). Como ya explicamos en nuestro anterior artículo, la indemnización por despido es la única garantía que tiene el trabajador frente a un despido improcedente, es decir, arbitrario. Si lo transformamos en un fondo al que la empresa tiene que aportar mensualmente en cualquier caso, el despido pasa a ser completamente libre y sin ningún tipo de penalización económica. Pasamos de fomentar los contratos indefinidos a generalizar la precariedad para todos los tipos de contratos, ¡ahora si que los empresarios no tendrán ningún problema en hacer contratos fijos!
Pero además, conviene analizar que papel jugaría este sistema de despido para otras prestaciones sociales, especialmente el desempleo y la jubilación. En el modelo austriaco, si este fondo se utiliza para complementar una pensión pública del Estado, no tiene gravámenes fiscales, mientras que si lo cobras de una sola vez, Hacienda aplica un impuesto del 6%. Es decir, se incentiva la utilización de este dinero como una especie de fondo de pensiones que evita al Gobierno la siempre incomoda reivindicación de las mejoras de las pensiones y prestaciones.

En conclusión, para fomentar que los empresarios cumplan la Ley (una obligación que en principio se le supone a toda persona), los trabajadores tenemos que renunciar a derechos y permitir, por ejemplo, que se abarate el despido. Además se les bonifica, dejando el Estado de ingresar por cuotas en la Seguridad Social un dinero necesario, por ejemplo, para pensiones (interesante cuando se habla de la quiebra del actual sistema de pensiones).

CONTRATO A TIEMPO PARCIAL

No parece lógico que el Gobierno defienda la necesidad de extender el trabajo a tiempo parcial, cuando todos los estudios sociales establecen una relación importante entre este tipo de contratos y los riesgos de pobreza y exclusión. Quien trabaja a tiempo parcial cobra menos, pero la vida le sigue costando lo mismo, no hay hipotecas parciales ni te reducen la cuenta del supermercado en proporción a la jornada que trabaja. También cotiza menos, por lo que la protección social es menor: jubilación, incapacidad o desempleo.
Este contrato, además, es nítidamente femenino. Según la EPA de 2008, un 80% de los contratos a tiempo parcial son firmados por mujeres. De las mujeres ocupadas, el 23,3% lo está a jornada parcial, frente al 4,4% de los hombres. Si atendemos a los motivos por los que se firman este tipo de contratos, el mayor porcentaje afirma hacerlo por no haber encontrado un empleo a jornada completa (un 37,7% de las mujeres y un 40,5% de los hombres). Es interesante también tener en cuenta que porcentaje de mujeres han elegido este tipo de jornada por atender cuidados de personas dependientes u otras obligaciones familiares, un 29,9% frente a un 3% de los hombres.
Los datos por lo tanto nos demuestran que el contrato a tiempo parcial es el rey de la precariedad y la exclusión. La mayoría de la personas con un contrato de este tipo lo tienen porque no les queda otro remedio. Además, perpetúa roles de género que asignan a las mujeres labores de cuidados, un trabajo no reconocido ni social ni económicamente.
Se contrapone esta medida con la propia declaración de principios del documento, que considera la igualdad y no discriminación en el trabajo entre mujeres y hombres un objetivo fundamental. Para ello pretende fomentar el contrato que más discrimina y excluye a las mujeres.
Por si esto fuera poco, pretende el Gobierno crear dos tipos de trabajadoras/es a tiempo parcial: los precarios y los más precarios aún, eso sí, sin bonificación. Se propone un contrato en el que se pueda modificar el horario a conveniencia del empresario y en el que además estén permitidas las horas extras, lo que desnaturaliza totalmente el contrato. Un contrato de media jornada en el que se haga la otra media en horas extraordinarias es un contrato a tiempo completo, pero para el trabajador no va a generar los mismos derechos. Si a esto le añadimos además la posibilidad de cambiar el horario en cualquier momento tenemos ante nosotros un contrato basura de los de manual.

CONTINUARÁ......

Sobre el abaratamiento del despido

2010-04-13T21:17:00.006+02:00

Aquellos que provocaron la crisis ahora tienen la receta para salir de ella: abaratar el despido. Esta “brillante idea” la suscriben todos los apologistas del liberalismo, unas veces desde sus tribunas en instituciones públicas, otras desde las organizaciones empresariales, incluso desde amplios sectores del arco parlamentario.
Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo está el despido en la legislación Española?

•8 días por año trabajado cuando acaba un contrato temporal, salvo los contratos de interinidad, inserción y contratos formativos, en los que el coste es 0. La mayoría de estos contratos temporales están hechos en fraude de ley y deberían ser indefinidos.
•20 días por año con un máximo de 12 mensualidades cuando el despido sea por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o la cantidad mínima en caso de Expediente de Regulación de Empleo.
•33 días para los contratos indefinidos de fomento del empleo.
•45 días por año trabajado en los casos en los que el empresario no demuestre la procedencia del despido, es decir, para aquellos supuestos en los que se despide de forma caprichosa. En este supuesto el empresario puede optar entre indemnizar o readmitir al trabajador o trabajadora en su puesto de trabajo (opción que únicamente se utiliza cuando puede servir de amenaza al trabajador/a)
De los empleos perdidos en España, únicamente el 6% ha sido a través de Expedientes de Regulación (ERE), el 35% vienen del despido individual y casi el 60% se originan por la no renovación de los contratos. Sorprende que el 35% sean despidos individuales porque este despido suele ser más caro, muy por encima del 6% de los despidos colectivos.
Los que afirman que es necesario abaratar el despido, en realidad están diciendo que hay que abaratar el despido de los 45 días. A estos hay que recordarles que esta indemnización es la única garantía legal que tienen los trabajadores frente a la decisión arbitraria de los empresarios, que sin causa legal alguna, deciden acabar con el derecho al trabajo y por extensión, a unas mínimas condiciones de vida. Una vez que la empresa deposita la cantidad en los Juzgados de lo Social, el trabajador no puede ejercer acción legal alguna, salvo que se vean afectados derechos fundamentales.
Sin haberse realizado todavía ninguna Reforma Laboral, los despidos ya se han abaratado de facto por varias vías:
Desde que comenzó la crisis se ha generalizado la aplicación del despido objetivo (por causas económicas u organizativas), que conlleva una indemnización económica mucho menor, 20 días por año con un máximo de 12 mensualidades.
A pesar de que las empresas tienen que demostrar estos motivos objetivos ante el Tribunal en caso de impugnación del despido por parte del trabajador/a, ya la jurisprudencia está relajando el control. A esto hay que añadirle que siempre hay un porcentaje de trabajadores/as que no reclaman, bien porque el empresario les hace una promesa de contratación futura, bien porque los costes de la demanda (en el caso de trabajadores no afiliados) son demasiado altos para la diferencia a obtener, especialmente en trabajadores/as con poca antigüedad.
La cantidad de impagos a sus empleados/as en las empresas está ascendiendo escandalosamente. A pesar de que la ley recoge la posibilidad de solicitar la rescisión del contrato por impago con una indemnización de 45 días por año, esta vía presente varios problemas: en primer lugar la jurisprudencia requiere que haya 12 meses de retraso en los pagos o tres meses de impagos absolutos. Una vez que se cumple este requisito (es decir, el trabajador/a tiene que estar tres meses sin cobrar absolutamente nada) puedes comenzar el procedimiento judicial, que entre conciliación, juicio y sentencia como mínimo serán otros 3 meses. Además, como probablemente la empresa no tenga un duro, tendrá que acabar cobrando la indemnización del FOGASA, con los límites que éste establece. Las cantidades adeudadas se reclaman en otro procedimiento, que puede tardar entre 6 meses y un año, que probablemente también acabe en FOGASA. Con todo esto, para que el trabajador comience a cobrar el desempleo (no hablamos de las cantidades adeudadas, esto puede llevar incluso años), pueden pasar perfectamente 8 meses ¿quién aguanta este tiempo sin cobrar absolutamente nada? El resultado de todo esto es que antes de pasar por todo este suplicio, en no pocas ocasiones se acuerda con el empresario un despido sin indemnización que permita al menos cobrar el desempleo. Es interesante contrastar la lentitud y exigencias de este procedimiento frente a otras leyes aprobadas recientemente, como la del “desahucio exprés” de 2009. Con esta norma el propietario puede comenzar un procedimiento para desahuciar al inquilino moroso cuando se adeude una mensualidad. Debe ser que según el Gobierno los propietarios de pisos no pueden estar sin cobrar un mes, pero los trabajadores que pagan esos alquileres pueden estarlo durante más de tres.
La economía sumergida también afecta obviamente al abaratamiento del despido. La cantidad pagada en “B” no se tiene en cuenta para el cálculo de la indemnización, y son un porcentaje muy alto los trabajadores en estas condiciones.
Además de todo esto, se están incrementando los acuerdos entre trabajador y empresario para reducir la jornada. Ante la opción de “esto o a la calle” los trabajadores/as firman una reducción (en no pocas ocasiones con la otra parte de jornada trabajada en negro). A la hora de calcular la indemnización, ésta se realiza con el salario de la jornada parcial, ya hemos vuelto a abaratar el despido.
Por último cabe mencionar las circunstancias de especial precariedad en las que se encuentran algunos colectivos, como son las trabajadoras/es del hogar (REEH). En este régimen la extinción de la relación laboral se puede producir por dos vías: el despido, con indemnización de 20 días por año con un límite de 12 mensualidades en todos los casos, o el desistimiento, con una indemnización de 7 días. Lo más curioso es que las diferencias entre uno u otro no están definidas y la elección corresponde al empleador .
Todo esto hace que en 2008, la Indemnización por finalización de contrato que percibieron los Trabajadores fuera de 19,1 días por año trabajado , lo que significa que el millón largo de trabajadores que han sido expulsados del mercado laboral han cobrado indemnizaciones qué están muy por Debajo de los 45 días del despido improcedente, es más, ni siquiera alcanzan los 20 días por año trabajado. Esto es debido a que lo anteriormente expuesto ha presionado a la baja en el precio del despido. Podemos afirmar que los efectos de la crisis esta significando, entre otras cosas, una disminución en la cuantía de la indemnización por finalización de contrato de los/as trabajadores/as y un aumento en el gasto del Estado:
Las prestaciones del FOGASA de 2009 han crecido un 92% respecto al mismo periodo del 2008 y el gasto del Estado en prestaciones por desempleo ha pasado de ser el 1,4% del PIB en el 2006 (12.150 millones de euros) al 2,9% en 2009 (30.612,42 millones de euros).

No es cierto que el abaratamiento del despido genere empleo y fomente la contratación indefinida. En primer lugar porque la mayoría de los contratos temporales están hechos en fraude de ley, lo que debería controlar más Inspección de Trabajo. En segundo lugar porque no puede ser impedimento un despido que tal y como está regulado es libre, fácil y barato. No es esta una medida técnica, que es lo que a menudo esgrimen, son medidas con un importante calado ideológico. Los que proponen abaratar el despido lo hacen no solo para reducir costes, sino también como un arma para amedrentar a los trabajadores/as. El que cualquier reivindicación de derecho (pedir los días de asuntos propios, negarse a hacer horas extraordinarias…) pueda tener como consecuencia un despido es una medida más que disuasoria. Esto, unido al abuso de los contratos temporales generalizaría estampas que se dieron en el pasado en muchos pueblos de España, y que hoy siguen existiendo en algunos sectores, donde el empresario recluta todos los días a los trabajadores en la plaza del pueblo “tú hoy trabajas, tú no, si no te portas bien no cumple el perfil”.

En la regulación del despido urge una reforma legislativa que restituya la causalidad, o lo que es lo mismo, terminar con los despidos arbitrarios que pretender trasladar las incertidumbres del mercado a los asalariados/as y disciplinarlos, eliminando derechos que son fruto del progreso social y que han sido conquistados con siglos de luchas. Necesitamos garantizar medidas encaminadas a introducir la democracia en los centros de trabajo. Es injusto y contrario al principio de causalidad que la opción de readmisión del trabajador, en caso de despido improcedente, este en manos del empresario. Este debe ser el eje del debate sobre la reforma del mercado de trabajo: la garantía para el trabajador de que ninguna decisión autoritaria e injustificada puede acabar con su forma de vida.

Fran Muñoz
Beatriz Alonso

EMPLEADAS DE HOGAR, UNA DIGNIFICACIÓN IMPRESCINDIBLE

2010-04-08T00:12:00.005+02:00

En el marco de la reforma laboral, salta a la palestra de nuevo la reforma de las condiciones laborales de las empleadas de hogar, un tema que siempre se menciona y que nunca se acaba por abordar.

El Estatuto de los Trabajadores recoge los servicios del hogar familiar como una relación laboral de carácter especial, cuyas condiciones se regularon en un Real Decreto de 1985, el Régimen Especial de Empleadas de Hogar (REEH). Este sector de actividad está marcado principalmente por su irregularidad. Es un sector muy feminizado con un alto porcentaje de trabajadoras inmigrantes. Mientras en la Encuesta de Población Activa declaran dedicarse a esta actividad 755.000 trabajadores, la afiliación a la Seguridad Social en febrero asciende a 292.000 trabajadoras (los 61% trabajadoras extranjeras). Esto pone de manifiesto la importancia que tiene en este sector la economía sumergida.

Es un sector claramente feminizado. Las mujeres son el 90 % del sector y 200.000 trabajan para un solo empleador por lo menos a media jornada.
(Datos extraidos a partir de la nota de prensa publicada por CCOO el 29 de marzo de 2010)
Los sindicatos en numerosas ocasiones han denunciado la cantidad de trabajadores a los que no se les aplica ningún Convenio Colectivo, cuyas relaciones laborales están reguladas por lo mínimo, que es el Estatuto de los Trabajadores. Pues bien, a las empleadas domésticas, las parias de los parias, ni siquiera se les aplica el Estatuto. Sus condiciones laborales son fundamentalmente el resultado del “libre” acuerdo de las partes. Contrasta esta idea con la Filosofía que justifica el nacimiento del Derecho del Trabajo, que es precisamente el reconocimiento de que las relaciones laborales no son relaciones entre iguales y es necesario crear un mayor nivel de protección para la parte más débil, en este caso los trabajadores/as. A todo esto además debemos añadir que no existe obligación de realizar un contrato por escrito, ni de registrarlo en ningún sitio.
Una trabajadora que limpia en una oficina o el portal de una casa a jornada completa debe cobrar de mínimo en la Comunidad de Madrid 897,30 € mensuales. Una mujer que cuida de personas mayores en un servicio de ayuda a domicilio de un Ayuntamiento cobra al mes 915,88 €. No parece un salario muy alto,¿verdad?, pues bien, una mujer que limpia una casa o atiende a una persona dependiente en un domicilio particular, o probablemente haga un poco de todo, debe cobrar como mínimo el SMI (Salario Mínimo Interprofesional), que para 2010 es de 633,30 € mensuales. Hay obligación de abonar dos pagas extraordinarias anuales, de 15 días de salario cada una.
El despido tiene una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades. Ahora bien, también se recoge la figura del desistimiento, que debe ser avisado por el empleador/a con una anterioridad de 20 días, y que recoge una indemnización de 7 días por año con un tope de seis mensualidades. Lo más gracioso es que las diferencias entre despido y desistimiento no están claras, determinando la jurisprudencia en muchas ocasiones que la opción entre uno u otro corresponde al empleador/a.
Las condiciones de protección social no son mucho mejores. En el régimen actual no se contempla la cotización si se trabaja menos de 72 horas al mes, y la trabajadora es en muchos casos quien tiene la obligación de cotizar en solitario sin la participación del empleador. Además, en todos los casos se cotiza por una cuota única sin posibilidad de cotizar por los salarios reales, por lo que las prestaciones son más bajas. No se tiene derecho al desempleo y en caso de baja por incapacidad sólo pueden percibirse prestación a partir del día 29º de baja.

Ante esta situación, se nos plantea como una necesidad urgente el abordar las condiciones laborales de este colectivo. En primer lugar es imprescindible la eliminación del REEH y su paso al Régimen General, así como la aplicación del Estatuto de los Trabajadores.
Hay otras cuestiones que no son específicas de las empleadas de hogar pero que también mejorarían notablemente las condiciones de éstas, como son la subida del Salario Mínimo Interprofesional (el salario de los trabajadores/as a los que no se les aplica Convenio Colectivo) y la modificación de la Ley de Extranjería facilitando la regularización de las trabajadoras/es extranjeras/os.
Sería necesario establecer un catálogo de funciones de las trabajadoras domésticas, y la obligatoriedad de registrar un contrato escrito donde aparezcan especificadas las mismas, para evitar los abusos en este sentido.
Como demuestran las cifras, el nivel de economía sumergida en este sector es muy alto. Es necesario que Inspección de Trabajo actúe en esta materia. Que se establezcan desde este organismo criterios técnicos donde se recojan las formas de actuación que respeten en una primera fase la inviolabilidad del domicilio: citación de las partes, reconocimiento externo del hogar, etc. Sería no obstante necesario que en una segunda fase se abra un debate sobre la inviolabilidad de domicilios que son a la vez centros de trabajo.
Hay otras medidas que también son interesantes, como la intermediación de los Servicios Públicos de Empleo y el fomento de la creación de cooperativas de trabajadoras del hogar.

La necesidad urgente de dignificar las condiciones de este colectivo no debe desviarnos a su vez del debate sobre el trabajo doméstico y los cuidados en las sociedades actuales. Debemos defender la socialización de estas funciones. En primer lugar porque ser atendido en caso de no poder valerte por ti mismo es un derecho que se debe garantizar desde los poderes públicos. Es precisamente el sector público el ámbito en el que deberían desarrollar su trabajo las trabajadoras domésticas: residencias, centros de día, escuelas infantiles, servicio de ayuda a domicilio, etc. No obstante es necesario sacar estas funciones de la órbita neoliberal, que estos servicios sean de gestión públicas, que se les de formación adecuada a las trabajadoras y que se dignifiquen sus condiciones de trabajo (muchos de los convenios con salarios más bajos pertenecen a estos sectores de actividad).
Por otro lado hay que visualizar la importancia del trabajo doméstico para cualquier sociedad y sacarlo de la visión patriarcal que lo define como un trabajo femenino y “no productivo”. Las cadenas globales de cuidados se trasfieren de unos países a otros, las mujeres pasan de realizar las funciones domésticas en sus familias y en sus países a realizarlas en otros a cambio de un salario, sin que se asuman estas funciones por la sociedad en su conjunto.

La cuestión, como se ve, da para mucho. Es fundamental que las organizaciones de izquierdas y las sindicales nos planteemos todos estos debates que se están poniendo de manifiesto. La problemática de las trabajadoras del hogar no puede quedarse simplemente en la dignificación de sus condiciones, hay que replantearse el papel de los cuidados e idear estrategias de movilización de las empleadas de hogar, así como el trabajo conjunto con asociaciones que agrupen a estas trabajadoras.